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¿Qué hay detrás del fallo judicial contra la primera directiva de inmigración de Biden?
Un juez en Texas bloqueó al Departamento de Seguridad Nacional, que por órdenes del presidente Joe Biden intentó instaurar una moratoria de 100 días a todas las deportaciones. El bloqueo es temporal, a la espera de un fallo definitivo.
Menores con camisetas que piden que sus padres no sean deportados, son vistos durante una manifestación de activistas migratorios en Washington DC, el 15 de agosto de 2017. Foto: Reuters
WASHINGTON D.C. – El impulso de la administración Biden para deshacer las políticas de inmigración restrictivas y centradas en la aplicación de la Ley del expresidente Donald Trump encontró su primer obstáculo esta semana cuando un juez federal bloqueó temporalmente una moratoria de deportación de 100 días.
El juez de distrito de Estados Unidos Drew Tipton emitió una orden de restricción temporal el martes después de que el gobernador y fiscal general de Texas impugnaran un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) para detener la mayoría de las deportaciones de inmigrantes indocumentados.
El tribunal dijo que la Administración Biden no había «proporcionado ninguna justificación concreta y razonable para una pausa de 100 días sobre las deportaciones».
Tipton , un republicano designado por Trump, detuvo la política durante al menos 14 días mientras consideraba la demanda por un mandamiento judicial preliminar.
¿Por qué demandó el estado de Texas?
La moratoria de 100 días, que entró en vigor el 22 de enero, fue firmada por el secretario interino de Seguridad Nacional, David Pekoske, y se aplicó a la mayoría de las personas que entraron en Estados Unidos sin autorización antes de noviembre de 2020.
El presidente Joe Biden ordenó al DHS que se centrara en las amenazas a la seguridad pública, la seguridad nacional y cualquier persona aprehendida mientras entraba ilegalmente en Estados Unidos después del 1 de noviembre.
El fiscal general de Texas Ken Paxton argumentó que el memorándum violó la ley federal y un acuerdo que su estado firmó con la administración Trump días antes de la toma de posesión de Biden.
El acuerdo requería que el DHS notificara cualquier cambio de inmigración a Texas y otros estados fronterizos y jurisdicciones antes de hacer cualquier cambio que pudiera «reducir, redirigir, reordenar, relajar o de alguna manera modificar la aplicación de la ley de inmigración».
La orden de Tipton, sin embargo, no abordó el acuerdo, y la administración Biden no lo reconoce como legalmente vinculante, argumentando que un Gobierno anterior no puede atar las manos de uno actual en asuntos de política federal. Como regla general, el gobierno federal tiene una amplia discreción a la hora de decidir si deportar o no a una persona.
Pero Texas argumentó que la pausa de deportación fue «arbitraria y caprichosa» y no siguió el procedimiento establecido.
«La Corte está de acuerdo con Texas», dijo Tipton. «Las agencias administrativas federales están obligadas a participar en la ‘toma de decisiones razonada'».
¿A quién se esperaba que cubriera la orden de Biden?
Según un portavoz de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la pausa sobre las deportaciones se aplicaba a los presentes en Estados Unidos con una orden final de expulsión, pero contenía excepciones.
La pausa no se aplicaba a las personas sospechosas de terrorismo o espionaje, que habían sido encarceladas dentro de prisiones federales, estatales y locales, o que habían sido condenadas por un «delito agravado».
«La pausa en las deportaciones no se aplica a las personas que entraron en Estados Unidos el 1 de noviembre de 2020 o después», dijo el portavoz del ICE.
La nota del DHS tampoco «prohibió» la aprehensión o detención de personas ilegalmente presentes en Estados Unidos.
Tipton ordenó al ICE que regresara a sus entornos operativos anteriores, indicando efectivamente a la agencia que reanudara las deportaciones.
Bajo la administración Trump, cualquier persona que estuviera ilegalmente en EE.UU. era considerada una prioridad para la deportación.
Respaldo a la orden judicial
Chip Roy, un legislador republicano de Texas, describió la pausa en las deportaciones como «una extralimitación ejecutiva ilegal que usurpa el poder del Congreso para reescribir la ley federal».
“Me alegra ver que la Oficina del Fiscal General de Texas rechazó y actuó contra este enfoque sin ley de la política de inmigración», dijo Roy.
Paxton llamó a la decisión de Tipton una victoria. El desafío de Texas al memorándum del DHS continúa la tradición del estado de desafiar las políticas e iniciativas de las administraciones demócratas. Texas frecuentemente demandó al gobierno federal durante la administración Obama.
Paxton, que es partidario de Trump, está siendo investigado por el FBI por acusaciones de soborno y abuso del cargo. El fiscal general del estado apoyó una demanda fallida que impugnó la victoria de Biden sobre Trump en las elecciones de 2020.
En un tuit, Paxton llamó a la pausa de las deportaciones de Biden «una insurrección sediciosa de izquierda», empleando palabras que se han utilizado para describir el asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos por los partidarios de Trump.
Respaldo a la pausa en las deportaciones
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó un escrito amici curiae, una demanda de terceros que aporta argumentos al caso, en apoyo a la moratoria de Biden y pidió al tribunal negar la solicitud de Texas, argumentando que el gobierno federal está legalmente autorizado a detener las deportaciones.
«No se debe permitir que esta demanda proceda. Paxton trató de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 al intentar suprimir los votos sin fundamento; ahora está tratando de obligar a la administración Biden a seguir las políticas xenófobas de Trump. La pausa de la administración sobre las deportaciones no sólo es legal, sino necesaria para asegurar que las familias no sean separadas, y las personas no sean devueltas al peligro innecesariamente mientras la nueva administración revisa las acciones pasadas», dijo Kate Huddleston, abogada de la ACLU de Texas, en un comunicado.
Gilberto Hinojosa, presidente del Partido Demócrata de Texas, dijo que Paxton y el gobernador de Texas Greg Abbott «piensan que de alguna manera tienen voz sobre asuntos de inmigración, cuando todos sabemos que esto es un proceso federal».
¿Qué viene después?
La orden de Tipton permanece en vigor durante 14 días y puede extenderse otros 14 días. Para mantener la política bloqueada después de eso, Texas tendría que buscar una orden judicial. La orden tampoco cambia las directivas de inmigración más amplias de Biden, incluida una recalibración de las prioridades de cumplimiento que entrarán en vigor el 1 de febrero.
La Voz de América pidió comentarios al DHS, pero los funcionarios de la agencia dirigieron preguntas a la Casa Blanca. La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre el asunto.
Fuente: voanoticias
