El Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, habla con los asistentes durante la Convención Nacional de la Red de Acción Nacional en Nueva York, Estados Unidos, el 8 de abril de 2022./Foto: Reuters.

Legalmente, la medida podría ser suspendida en breve. En estos momentos EEUU registra cifras récord de inmigrantes llegando a la frontera sur.

WASHINGTON DC — El programa ‘Permanecer en México’ (MPP, por sus siglas en inglés) tiene los días contados, según la máxima autoridad de Seguridad Nacional en Estados Unidos.

“Tenemos que esperar hasta que la decisión de la Corte Suprema se comunique realmente a la corte inferior, a la corte de distrito federal en el Distrito Norte de Texas. Y una vez que eso ocurra, el tribunal de distrito debería levantar la orden judicial que nos impide poner fin al programa. Entonces tenemos que esperar varias semanas para que se dé ese paso””, explicó el domingo al programa This Week, de la cadena ABC, Alejandro Mayorkas, quien dirige el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la Casa Blanca a derogar el programa, que data de la administración del republicano Donald Trump y que mantuvo desde 2019 a más 70.000 solicitantes de asilo esperando en México por una cita en una corte estadounidense.

El inminente fin de la medida ocurre mientras se registra una cifra récord de cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos y que superan, según datos de la Patrulla Fronteriza, los registros de hace varias décadas.

EEUU alerta del peligro

La Casa Blanca ha impulsado diversos proyectos de cooperación en materia migratoria con sus aliados en la región, Centroamérica y América Latina.

La travesía, principalmente desde Centroamérica recorriendo varios países hasta llegar a la frontera sur estadounidense supone diversos peligros para los migrantes, quienes se enfrentan a los desafíos geográficos y a los traficantes de personas, algo sobre lo que las autoridades de EEUU advierten de manera insistente.

“Seguimos advirtiendo a las personas que no hagan el peligroso viaje, estamos haciendo cumplir nuestras leyes. Y estamos trabajando con países del sur, incluido nuestro aliado cercano, México, también con Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia para abordar realmente la migración que hay en todo el hemisferio occidental”, dijo Mayorkas.

El funcionario aseguró que la crisis fronteriza ha generado costos humanos “injustificables”, mientras líderes republicanos advierten que la derogación de esta medida incrementará la crisis en la frontera.

“La pregunta ya no es si la Administración Biden tiene la autoridad para terminar con el programa ‘Permanecer en México’, sino si debería hacerlo. Los niveles históricos de cruces fronterizos que solo están empeorando, aunado al aumento de las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos, demuestran la extrema necesidad de que la administración Biden asegure con urgencia la frontera suroeste”, dijeron en un comunicado líderes republicanos de la Cámara de Representantes.

Mayorkas se refirió a la reciente tragedia en San Antonio, Texas, en la que murieron 53 migrantes asfixiados en un camión, y aprovechó para resaltar la labor de su departamento contra el tráfico humano.

“Estos son tiempos notablemente distintos y tenemos un enfoque multifacético. No solo para trabajar con nuestros países aliados, sino también para hacer que las fuerzas del orden público ataquen a las organizaciones contrabandistas de una manera sin precedentes”, indicó.

Según el funcionario, durante el año fiscal 2022 las autoridades fronterizas han reportado el hallazgo de más de 400 vehículos que transportaban ilegalmente a migrantes, 10.000 de ellos han sido rescatados.

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO: El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas / Foto: Reuters.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó el domingo los retos que enfrenta el sistema de inmigración de EEUU cuando se elimine totalmente el Título 42.

WASHINGTON — La posible llegada de miles de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos este mes ejercerá “una extraordinaria presión” en el sistema, dijo el domingo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien insistió de nuevo en que “la frontera no está abierta” y no deben intentar entrar en el país.

Las autoridades federales de inmigración detienen diariamente a unos 7.000 migrantes cuando tratan de cruzar la frontera desde México, pero las autoridades dicen que ese número pudiera alcanzar los 18.000 diarios después de que expire el Título 42, nominalmente el 23 de mayo.

La administración Biden quiere poner fin a esa medida tomada durante la pandemia, pero dice que cumplirá la decisión de un juez federal la semana pasada que la mantiene en vigor mientras se discute en las cortes.

Mayorkas dijo al programa “State of the Union” de CNN que su agencia se ha estado preparando desde hace meses para manejar el esperado influjo de migrantes, pero admitió las dificultades.

Numerosos legisladores demócratas y republicanos han expresado temores de que las autoridades fronterizas no puedan copar con el aumento de miles de migrantes en la frontera en las próximas semanas.

“Necesitamos que los países al sur de nosotros administren sus fronteras”, dijo Mayorkas.

“Actualmente, los migrantes que tratan de entrar a EEUU son “expulsados” bajo el Título 42 o “incluidos en trámites de inmigración” y deben asistir a audiencias que decidirán si pueden permanecer en el país, explicó Mayorkas al programa “Fox News Sunday”. Agregó que el 86% de los migrantes acuden a sus audiencias de inmigración.

Desde hace muchos años, millones de migrantes liberados en EEUU permanecen en el país por muchos años, a pesar del peligro que corren de ser arrestados y deportados.

Mayorkas dijo a CNN que los migrantes “no deben poner sus vidas en peligro en manos de contrabandistas que los explotan por dinero”.

En Fox, Mayorkas explicó que “el objetivo de la administración Biden es asegurar que tengamos vías legales, ordenadas y seguras para que los individuos puedan acceder a nuestro sistema legal”, e insistió en que “estamos en contra de la inmigración ilegal”.

Posición de los republicanos

Varios legisladores republicanos han criticado el tratamiento a la cuestión migratoria de parte de la actual administración demócrata, manifestando alarma por las cifras récord de la inmigración ilegal en Estados Unidos, que han calificado de «catástrofe humanitaria».

En una conferencia de prensa días atrás, senadores republicanos denunciaron la débil respuesta del gobierno de Biden a la situación, a la que estimaron «fuera de control».

«Hoy una crisis hace estragos en la frontera sur», dijo el senador republicano por Texas Ted Cruz, quien agregó que la misma fue «creada por Joe Biden y (la vicepresidenta) Kamala Harris».

Acusó a los demócratas de apoyar la inmigración ilegal, pues consideran a «los dos millones de inmigrantes ilegales llegados el año pasado como futuros votantes».

La guardia fronteriza contabilizó 1,7 millones episodios de detención de migrantes indocumentados en el último año fiscal, el mayor número hasta ahora registrado.

[Contiene reporte de Ken Bredemeier, periodistas de VOA News]

Fuente: Vozdeamerica.com

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Foto Archivo: Reuters.

Cuatro personas de nacionalidad mexicana fueron arrestados por el presunto delito de tráfico de personas.

Unos 379 migrantes indocumentados, en su mayoría de Guatemala, fueron rescatados de una casa de seguridad en Acajete, Puebla, informaron autoridades mexicanas.

En el grupo rescatado, compuesto en su mayoría por guatemaltecos (286), también había ecuatorianos (17), cubanos (8), hondureños (12), nicaragüenses (3) y salvadoreños (7). Además de personas originarias de República Dominicana (3), Bangladés (22), Nepal (1), Sri Lanka (1), Uzbekistán (2) y la India (17).

El Instituto Nacional de Migración (INM) detalló en un comunicado que, durante el operativo, en el que intervinieron la Secretaría de Marina (Semar), el INM, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y la policía estatal; se capturó a cuatro mexicanos “por el probable delito de tráfico de personas”.

El anuncio de las autoridades de México se da cuando el gobierno del presidente Joe Biden busca dejar sin efecto la norma conocida como Título 42 y que se aplica desde el comienzo de la pandemia para expulsar de inmediato y procesar en México a casi todos los indocumentados.

Recientemente la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dio a conocer que cerca de 221.303 migrantes habían sido detenidos a lo largo de la frontera con México solo en marzo pasado, lo que significaba un aumento del 33% en solo un mes y más del cuádruple del promedio de 2014-2019, antes de la pandemia.

Estados Unidos lidia con un sistema migratorio «roto», dijo este miércoles el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante una audiencia ante la Cámara de Representantes a la que solicitó más agentes fronterizos ante la ola de migrantes que posiblemente empeorará.

* Con información de AFP

Fuente: Vozdeamerica.com

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Migrantes de Haití, que regresaron al lado mexicano de la frontera para evitar la deportación, hacen cola para desayunar en un albergue del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Acuña, México, el 25 de septiembre de 2021./ Foto: Reuters.

En cualquier caso, la Administración Biden se inclina por poner fin a la orden a raíz de las recientes decisiones judiciales que complican su aplicación, pero no se ha tomado ninguna decisión.

WASHINGTON DC — El Gobierno del presidente Joe Biden presentará una nueva y amplia regulación que pretende acelerar la tramitación del asilo y las deportaciones en la frontera entre Estados Unidos y México, cuando un número récord de migrantes está intentando entrar en su territorio.

El anuncio se hace después que autoridades estadounidenses debaten si poner fin a otra política de la era del COVID-19 que ha bloqueado la mayoría de solicitudes de asilo en la frontera y que podría ser contrarrestada por la nueva normativa, dando celeridad a esos trámites.

La norma final sobre el asilo, que entrará en vigor a finales de mayo o principios de junio, autorizará a los funcionarios a aceptar o rechazar solicitudes de protección de los inmigrantes poco después de que crucen la frontera, evitando así los tribunales de inmigración, donde los casos suelen tardar años en ser resueltos por los jueces.

La mayoría de los migrantes atrapados en la frontera suroeste de Estados Unidos proceden de México y Centroamérica, pero cada vez son más los que llegan de lugares más lejanos buscando refugio, incluidos en las últimas semanas los ucranianos que huyen de la invasión rusa de su país, una acción que Moscú califica de «operación militar especial».

«El sistema actual de tramitación de las solicitudes de asilo en nuestras fronteras necesita ser arreglado desde hace tiempo», dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. La cuestión ha provocado ataques de los republicanos que buscan lograr el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre.Según la nueva norma, emitida conjuntamente por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, un mayor número de inmigrantes, incluidas las familias, entrarán en un proceso conocido como «expulsión acelerada» para solucionar los casos más rápidamente. No se aplicará a los niños no acompañados.

Algunos defensores de los derechos de los inmigrantes se oponen al cambio, cuyo objetivo es tramitar los casos en 90 días, por temor a que provoque más deportaciones. Aunque los inmigrantes a los que se les niegue el asilo tendrán otra oportunidad de exponer su caso ante un juez de inmigración, esos procesos también se acelerarán para ser resueltos en tres meses.

Un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), que informó a periodistas el miércoles bajo condición de anonimato, explicó que el nuevo sistema se introducirá gradualmente y se aplicará inicialmente sólo a un pequeño número de migrantes.

Biden ha mantenido un polémico decreto conocido como Título 42, puesto en marcha en marzo de 2020 por su predecesor, Donald Trump, y que permite expulsar rápidamente hacia México u otros países a la mayoría de los migrantes sorprendidos cruzando la frontera para limitar la propagación del COVID-19.

Washington se inclina por poner fin a la orden a raíz de las recientes decisiones judiciales que complican su aplicación, pero no se ha tomado ninguna decisión definitiva ante el inminente plazo de la semana que viene para renovarla, modificarla o ponerle fin.

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO: El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el 1 de marzo de 2021. / Foto: Reuters.

Además, el DHS insta a los trabajadores a denunciar situaciones de explotación y a prevenir que los empleadores usen la amenaza de la deportación como posible represalia.

CHICAGO, EE. UU. — Los agentes federales de inmigración cesarán los arrestos masivos de inmigrantes que se presuma vivan ilegalmente en el país en sus lugares de trabajo, de acuerdo con un memo emitido el martes por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

En lugar de ello, el enfoque estará en los “empleadores sin escrúpulos que explotan la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados” y en el combate al maltrato de los trabajadores, incluyendo el pago de salarios bajos, condiciones laborales peligrosas y tráfico humano.

El memorándum de tres páginas instruye a los directores de los servicios de inmigración (ICE), aduanas (CBP) y ciudadanía (USCIS) que elaboren un plan en dos meses para aumentar las penalizaciones a empleadores, alentar a los trabajadores a reportar prácticas inescrupulosas sin temor y coordinarse con otras agencias, como el Departamento de Trabajo.

Las redadas en sitios de trabajo fueron comunes durante la presidencia de Donald Trump, incluido un operativo en el 2019 contra plantas procesadoras de pollo en Mississippi, la mayor operación de ese tipo en más de una década.

Trump y otros presidentes republicanos han afirmado que las redadas son disuasorias contra la inmigración ilegal, pero grupos de trabajadores las llamaron injustas y discriminatorias. Por ejemplo, la mayoría de los 680 trabajadores arrestados en plantas de la compañía Koch Foods eran latinos.

La decisión del martes de suspender las redadas se acerca al enfoque del presidente Barack Obama, que mayormente evitó ese tipo de operaciones, limitado las operaciones de inmigración en sitios de trabajo a auditorías.

“El despliegue de operaciones masivas en lugares de trabajo, que resultaron a veces en arrestos simultáneos de centenares de trabajadores, no estaba enfocado en el aspecto más pernicioso del problema del empleo no autorizado: los empleadores explotadores”, escribió Mayorkas. “Esas operaciones sumamente visibles destinaron recursos del modo equivocado al tiempo que desalentaron la cooperación en investigaciones de estándares en sitios de trabajo, sirviendo en ocasiones como herramienta de represalia por la misma”.

Además de poner fin a esos arrestos masivos, Mayorkas dijo que las autoridades de inmigración deberían comenzar inmediatamente a usar “discrecionalidad procesal” en lo que se refiere a alentar a los trabajadores a denunciar explotación en el lugar de trabajo y prevenir que los empleadores usen amenazas de deportación como represalia.

Grupos laborales aplaudieron el anuncio, diciendo que los trabajadores inmigrantes son especialmente vulnerables, sobre todo aquellos que están en el país sin autorización. Industrias como las empacadoras de carne y procesamiento de pollo utilizan mucha de mano de obra inmigrante para tareas duras, a menudo en áreas rurales con escaso acceso a abogados.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. en una audiencia ante el Senado el 21 de septiembre de 2021. Foto: Reuters

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en un comité ante el Senado el martes que la Casa Blanca ha abierto una investigación por el suceso. También anunció medidas para evitar que algo así se repita.

La administración del presidente Joe Biden ha abierto una investigación tras la salida a la luz de imágenes donde funcionarios de la Patrulla Fronteriza azuzan con sus caballos a inmigrantes haitianos que intentaban pasar por el sector de Del Río, desde la frontera de México con el estado de Texas.

“Me horroricé al ver las imágenes y esperamos conocer los hechos que se produjeron a partir de la investigación”, dijo el martes el secretario del Departamento de Seguridad Nacional.(DHS, por sus siglas en inglés) Alejandro Mayorkas en una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.

El fin de semana varias agencias de prensa divulgaron videos y fotos donde se puede observar a oficiales de la patrulla fronteriza atosigando con sus caballos a los inmigrantes, en su mayoría haitianos, que sobrepasaron el número de 10.000 en un campamento improvisado en Del Río.

Desde su llegada a la presidencia en enero pasado, Biden ha evitado hablar de una «crisis» en la frontera, aunque el número de inmigrantes que llegan han alcanzado niveles récords.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, reconoció el lunes que la situación actual «supone un desafío” para la administración demócrata.

Una investigación en curso

Mayorkas informó que el DHS ha emprendido una investigación que ha quedado a cargo de la Oficina de Responsabilidad Profesional, dentro de su departamento. También dijo que tras los hechos ya se envió una alerta al Inspector General y el jefe de la mencionada oficina permanecerá a tiempo completo en el área de la incidencia para velar por la conducta del personal a cargo de la protección de la frontera.

Luego de lamentar el incidente, Mayorkas precisó: «No toleramos ningún maltrato o abuso de un migrante», y agregó «Las imágenes que vimos no hablan de los increíbles hombres y mujeres de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos o del Departamento de Seguridad Nacional como institución”.

El senador republicano por Florida, Rick Scott, cuestionó al secretario Mayorkas por el elevado número de personas que han llegado de manera irregular a EE. UU. en medio año -una cifra que redondeó en 300.000- y preguntó si no era “inconsistente” con el número que DHS ha hecho público para el mes de agosto.

Mayorkas aclaró que en el último mes hubo 208.887 encuentros de la Patrulla Fronteriza con inmigrantes irregulares, pero muchos de ellos, 156.641, son encuentros únicos, los demás son reincidentes.

La frontera “no está abierta”

Mayorkas habló sobre “el impacto de la desinformación” que reciben los inmigrantes a cerca del proceso de asilo y refugio y que los hace venir en masa a EE. UU.

Es por ello, señaló Mayorkas que en el DHS trabajan “muy de cerca con el Departamento de Estado para tener voces de confianza en los países de origen para difundir información veraz con respecto a nuestras políticas y prácticas y el hecho importante de que nuestra frontera no está abierta”.

En ese orden, Mayorkas respondió al senador republicano por Wisconsin, Ron Johnson y habló sobre el proceso de devolver a los inmigrantes bajo el Título 42, una prerrogativa implementada por el expresidente Donald Trump en 2020 a raíz de la pandemia, que permite la deportación inmediata de los inmigrantes irregulares.

Mayorkas argumentó que muchos de los inmigrantes son llevados a centros de procesamiento.

“Estamos aumentando la frecuencia y el número de vuelos de repatriación cada día” dijo, y explicó que se han trazado el objetivo de hacerlo en menos de diez días por lo que los resultados más visibles estarán en las próximas 48 a 96 horas.

Además, informó que el DHS está enviando “vuelos de repatriación al interior de México para dificultar la reincidencia” en los que intentan llegar por la vía ilegal “y estamos viendo avances en ese sentido”, concluyó.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Alejandro Mayorkas, entonces subsecretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, habla en la Reunión General Anual de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) de 2015, en Miami Beach, Florida. Foto: Reuters

WASHINGTON DC – El proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el lunes que nominará a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional y, por lo tanto, en caso de ser confirmado por el Senado, se convertirá en el primer latino e inmigrante en ocupar el cargo y enfrentará la herencia de las duras políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

Mayorkas, originario de La Habana, Cuba, fue vicesecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) durante el gobierno del presidente Barack Obama, cuando Biden ocupó la vicepresidencia.

La familia de Mayorkas llegó a EE.UU. cuando él tenía poco más de un año, huyendo como refugiados políticos de la isla.

“Cuando era muy joven, EE.UU. nos dio a mi familia y a mí un lugar de acogida”, escribió el jurista en su cuenta de Twitter después de que se produjera el anuncio. “Ahora, he sido nominado para ser secretario del DHS y vigilar la protección de todos los americanos y aquellos que huyen de la persecución en busca de una mejor vida pera ellos y para sus seres queridos”.

Bajo el mandato en Mayorgas, el DHS desarrolló e implementó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege de la deportación a más de medio millón de jóvenes que llegaron al país de manera irregular siendo niños.

El gobierno Trump intentó acabar con el programa, pero sus planes fueron frustrados por varios jueces federales y, finalmente, por la Corte Suprema. Una de las promesas de campaña de Biden es restaurar el DACA, en el primer día de mandato y trabajar por otorgar a los dreamers -como se les conoce a los beneficiaros del programa- una vía hacia la ciudadanía.

El gobierno de Obama, sin embargo, fue ampliamente criticado por activistas en pro de los derechos de los migrantes por el aumento en el número de deportaciones. Más de tres millones de personas fueron enviadas de vuelta a sus países mientras Biden fue vicepresidente (2009-2017), un incremento de un millón en comparación con el total de deportaciones con orden judicial bajo la anterior administración demócrata, con Bill Clinton (2001-2008) a la cabeza.

Fuente: voanoticias

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