ARCHIVO – Hojas de coca a la venta en un mercado durante la reapertura del mercado de coca de la Asociación Departamental de Productores de Coca, en La Paz, Bolivia. en octubre de 2022. / Foto: Reuters.

Los presidentes de ambos países, Gustavo Petro y Luis Arce, vienen defendiedo desde hace tiempo la necesidad de descriminalizar la hoja de coca, cuyo uso está extendido por la región para su uso medicinal o ceremonial.

BOGOTÁ — Colombia dijo el miércoles que, junto con Bolivia, pedirá a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas retirar la hoja de coca de la lista de sustancias prohibidas y aceptar su uso tradicional.

La propuesta, que se realizará en la sesión número 66 de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas a mediados de marzo en Viena, busca desestigmatizar la discusión sobre el problema de las drogas, dijo la viceministra colombiana de asuntos multilaterales, Laura Gil.

«Cómo se podría hacer para sacar la hoja de coca –la hoja, no la cocaína– de la lista de sustancias prohibidas», se preguntó la funcionaria en un comunicado del sistema informativo de la Presidencia.

«En este momento Bolivia y Colombia consideran que es el momento de volver a poner el tema sobre el tapete», agregó Gil.

Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicado en octubre del año pasado, el área cultivada con hoja de coca en Colombia subió un 43 %, a 204.000 hectáreas, al cierre del 2021; y la producción potencial de cocaína aumentó un 14 % a 1.400 toneladas métricas, cifras récord en más dos décadas.

En el caso de Bolivia, la UNODC reporta que los cultivos de hoja de coca aumentaron un 4 %, ocupando una superficie de 30.500 hectáreas hasta el 2021.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo en enero que su gobierno presionaría para que se eliminara la hoja de coca de la lista, para que así pueda comercializarse, luego de que su antecesor, Evo Morales, despenalizara la coca a nivel nacional.

La hoja de coca es ampliamente utilizada en diferentes países de América Latina -especialmente por grupos indígenas- como planta medicinal para tratar dolores de estómago y mal de altura, además de otros usos ceremoniales.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha llamado a la comunidad internacional a cambiar la estrategia de lucha contra las drogas y aseguró que la política antidrogas estadounidense fracasó.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Imagen de Julián Amé en Pixabay

Las autoridades en Bolivia alertan sobre una posible quinta ola del COVID-19 a consecuencia de un preocupante repunte de casos, aunque el índice de mortalidad se mantiene bajo.

COCHABAMBA/BOLIVIA — Bolivia registró una tercera semana de aumentos de casos de COVID-19 y hay temores de que el país pueda sufrir otro brote del coronavirus. Las infecciones crecieron de 718 hace tres semanas, a 1.078 la semana siguiente y más de 1.300 la semana pasada.

Las autoridades informaron que el departamento de Chuquisaca experimentó un repunte de 394 % y fue la región que exponencialmente registró más infectados en los últimos días.

Aunque la tasa de mortalidad es baja y se mantiene en 0,6%, el ministro de Salud, Jeyson Auza, alertó sobre la situación.

“Si la próxima semana reportamos un incremento también estaríamos ya iniciando una quinta ola epidemiológica (de COVID-19)”, dijo Auza.

El ministro recomendó también a la población mantener las medidas de bioseguridad y proseguir con las vacunaciones.

En Chuquisaca, el de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud, Juan José Fernández, anticipó un menor número de hospitalizaciones y decesos.

Para el especialista, “si va a existir una quinta ola ya no va a ser con la gran situación de diagnóstico de pacientes positivos y tampoco con la letalidad que marcó la tercera ola, sobre todo, o la primera”.

De acuerdo con las autoridades de salud, la variante predominante en el país es la cepa BA de la variante ómicron.

Mientras tanto, el sector salud planea esta semana un paro de actividades de 48 horas porque, según dijo Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de Bolivia, el Gobierno no ha atendido sus demandas.

“Ya no vamos a tolerar el maltrato a los profesionales y convocamos a las universidades a sumarse a estas medidas”, declaró Larrea.

No obstante, señaló que también se analizará junto al Comité Científico el avance de una posible quinta ola del COVID-19 y las medidas que asumirán.

Hasta la fecha, el Ministerio de Salud ha reportado que se han aplicado más de 13.859.000 dosis de vacunas contra el COVID-19, entre primeras, segundas, terceras, cuartas y unidosis, a diferentes grupos poblacionales.

La población de Bolivia es de 11,67 millones de habitantes, según cifras de 2020 del Banco Mundial.

Fuente: vozdeamerica.com

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Las personas hacen fila para llenar sus balones de gas en El Alto, Bolivia, debido a una escasez del producto provocada por obreros del sector energético que dejaron de trabajar tras contraer COVID-19. Foto: Reuters

COCHABAMBA, BOLIVIA – La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha decretado un estado de “calamidad pública” en todo el país, con la intención de negociar un crédito interno para hacer frente a la pandemia del coronavirus en medio de una escalada de contagios.

El anuncio realizado el lunes, llega en medio de una disputa entre el ejecutivo y la Asamblea Legislativa, dominada por el partido del expresidente Evo Morales, -exiliado en Argentina-, que ha rechazado un crédito de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los detractores del préstamo sostienen que éste está condicionado a medidas de ajuste económico, algo que ha negado el FMI.

“El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tramitará ante el Banco Central de Bolivia la concesión de un crédito en favor del Tesoro General de la Nación, a fin de continuar con la implementación de acciones de carácter económico destinadas a mitigar los efectos negativos del coronavirus”, expone el decreto.

En alusión a la disputa actual, el ministro interino de Economía y Finanzas Públicas, Abel Martínez, aseguró que “hay una actitud de bloqueo, tozudez muy grande sobre lo que significa la aprobación de estos financiamientos».

«No están perjudicando al gobierno, sino a la población”, afirmó Martínez.

Sin especificar el monto del crédito, el economista Alberto Bonadona explicó el contexto, de acuerdo con lo que establece la Constitución Política del Estado.

“La situación de calamidad, una vez que es dictada, permite al Estado, sin aprobación del Legislativo, tener el 1% del Producto Interno Bruto, que en estas circunstancias es muy poco dada la dimensión de la emergencia que estamos viviendo”, dijo Bonadona.

El director del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinoza, dijo a la Voz de América que en este momento son de extrema importancia los recursos externos para la estabilidad y reactivación de la economía, considerando los efectos negativos que se han generado debido a la pandemia.

En este escenario, parlamentarios de oposición y analistas consideran que la concesión de recursos debe ser manejada con transparencia.

“Este estado de excepción más allá del monto, lo que va a hacer es agilizar directamente, pero el problema es la transparencia. Yo creo que hay una fuerte debilidad desde el nivel central y eso se ha demostrado en los últimos meses. Esos recursos se necesitan porque la situación se está agravando en Bolivia”, explicó el analista económico, Pablo Cuba.

Tensión política

Mientras tanto, las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) y movimientos sociales afines al expresidente Evo Morales volvieron a las calles en rechazo a un nuevo aplazamiento de las elecciones generales y reprochando las acciones del gobierno interino en la respuesta a la pandemia de COVID-19.

El martes, las ciudades de La Paz y Cochabamba fueron escenario de marchas de cientos de personas, que en algunos casos rompieron las recomendaciones de bioseguridad en la emergencia sanitaria, denunciaron autoridades del gobierno.

Las imágenes reflejaron que varios no llevaban mascarillas ni respetaban el distanciamiento social, y además se registraron hechos de agresión a la prensa y a personal de salud.

“Nuestras demandas son que se realicen las elecciones nacionales el seis de septiembre como está la ley. Esta convocatoria la hemos hecho a nivel virtual y nos hemos unido. Este es el pueblo, basta de mentiras y de engaños”, dijo uno de los manifestantes.

La presidenta Áñez, quien regresó a su trabajo después de haber estado en cuarentena por contraer el coronavirus, calificó esta convocatoria de “canallesca”.

Por su parte, el ministro de Defensa informó que se identificaron a 15 personas con COVID-19 en las protestas y serán atendidas.

Representantes de los trabajadores anunciaron que declararán una huelga general indefinida con movilizaciones. Exigen al Tribunal Supremo Electoral que mantenga la fecha de elecciones el 6 de septiembre.

Se ahonda la crisis sanitaria

De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Salud, Bolivia reportó 1.146 nuevos casos de COVID-19 en todo el país, que se suman al total acumulado de 72.327 positivos y 2.720 fallecidos.

La situación se agrava debido al colapso de los hospitales y también de los cementerios. En la ciudad de Oruro se reportó el abandono de 30 cuerpos, presuntamente víctimas de COVID-19, los cuales fueron traslados a una fosa común. Según testimonios, muchos familiares los dejan en las vías públicas por temor al contagio.

Mientras tanto, las brigadas de rastreo continúan visitando casa por casa para identificar casos positivos en las principales ciudades del país.

Fuente: voanoticias.com

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