Ante el aumento de las deportaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México anunció indagaciones de oficio para garantizar que se respeten los derechos humanos de los migrantes deportados.

Inmigrantes ilegales de El Salvador llegan al aeropuerto internacional de Comalapa luego de ser deportados de Estados Unidos en Comalapa, en las afueras de San Salvador, el 25 de mayo de 2012. / Foto: Reuters.

La Cancillería de Guatemala dio a conocer que ha solicitado información oficial a México y Estados Unidos sobre aquellas deportaciones de migrantes a través de puntos fronterizos donde no hay controles migratorios ni de bioseguridad por la pandemia.

De acuerdo con un comunicado de prensa de cancillería citado por la agencias de noticias AFP, autobuses con migrantes centroamericanos retornados han estado llegando al paso fronterizo El Ceibo, Pétén, unos 550 km al norte de Ciudad de Guatemala. Lugar que cuenta con escasa presencia del Estado.

Los retornos que serían resultado de la medida conocida como Titulo 42, adoptada al comienzo de la pandemia y que busca prevenir el aumento de contagios por el COVID-19 dentro de EE. UU. A comienzos de mes las autoridades estadounidenses confirmaron que, en base a las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la medida seguirá vigente por el momento.

Recientemente la oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) dijo que en el mes de julio las capturas de migrantes irregulares superaban los 200.000, un alza sin precedentes en dos décadas.

Es a raíz de dicho incremento que han aumentado las deportaciones desde los puntos fronterizos que conectan a Estados Unidos con México, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de ese último país, anunció que estaba trabajando por garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes deportados.

Un comunicado de prensa publicado en la cuenta de Twitter de la institución cita a Rosario Piedra Ibarra, titular de CNDH, afirma que la medida se toma ante la situación que enfrentan las personas que han arribado a la frontera norte de México «sin ningún control migratorio ni sanitario frente a la pandemia por COVID-19″.